Argelia ha decidido no proceder con la deportación de aproximadamente sesenta ciudadanos argelinos, considerados una amenaza para el orden público, cuya «expulsión prioritaria» ha sido solicitada por Francia.

Durante varios meses, Argel ha estado devolviendo sistemáticamente a sus nacionales que han cometido delitos o se han radicalizado en la Unión Europea. La tensión con París parece lejos de resolverse.

En un comunicado emitido por el servicio diplomático argelino, Argelia reiteró «su rechazo absoluto a las amenazas, intentos de intimidación, ultimátums y cualquier tipo de lenguaje amenazante».

Argelia acusa a Francia de «poner en duda el manejo de los casos de expulsión» y de adoptar un «enfoque selectivo respecto a los acuerdos bilaterales e internacionales que unen a ambos países».

Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores argelino asegura que «Argelia solo busca cumplir con su obligación de protección consular hacia sus ciudadanos», invita a Francia, a través de su encargado de negocios, a «seguir el procedimiento habitual, establecido entre las prefecturas francesas y los consulados argelinos» y a «abordar cada caso individualmente». Así, se rechaza el uso de listas «unilaterales».