El Congreso Nacional aprobó la “Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente”, esta normativa tiene la finalidad de responder al desplazamiento interno.

La aprobación del nuevo marco de protección para las personas desplazadas, es muy importante porque constituye un marco integral que permitirá la reconstrucción de proyectos de vida de personas desplazadas en Honduras

El representante de Representante de ACNUR en Honduras, Andres Celis reaccionó a la noticia y expresó “hoy celebramos la esperanza”

Seguidamente, amplió que el Congreso de Honduras ha escuchado las voces de las más de 247 mil personas desplazadas “y han aprobado una ley que permitirá consolidar un marco de protección para quienes se han visto forzados a huir de sus hogares”.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos, calificó la aprobación de la Ley de Prevención, Atención y Protección a las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, como un avance significativo para los Derechos Humanos en Honduras, que proporcionará un marco normativo de respuesta integral al desplazamiento interno.

El proyecto de Ley se había presentado en marzo del 2019, tras que el Estado de Honduras reconoció que las personas desplazadas internamente enfrentan riesgos y vulnerabilidades específicas, que impactan en el goce y ejercicio efectivo de sus derechos humanos.

La ley es una de las acciones principales que se han logrado para brindar soluciones ya que existe evidencia en Honduras de la magnitud y de los múltiples impactos que el desplazamiento interno ocasiona a quienes lo sufren.

Es válido recordar que fue desde el 2016 que la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV), comenzó a elaborar la propuesta de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente.

Fue fundamental el apoyo y asesoría técnica bajo estándares internacionales de entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Consejo Noruego para los Refugiados (CRN).

En ese sentido el instrumento contempla la creación de un Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado, con 3 órganos de funcionamiento; un Fondo de Asistencia Humanitaria y Soluciones, un mecanismo de protección de la propiedad que fue abandonada por las víctimas, y un mecanismo de prevención del desplazamiento interno.