El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recomendó este domingo a las autoridades hondureñas realizar una profunda y exhaustiva investigación que permita dar con los responsables de la muerte violenta de más de un centenar de defensores de los derechos, que perdieron la vida en circunstancias violentas, desde el año 2014 y, cuyos crímenes se mantienen impunes en más del 95 % de los casos.

La situación de violencia contra los defensores de derechos humanos es alarmante, se estima que, desde el año 2014, al menos, 136 personas que se dedican a esa actividad humanitaria, perdieron la vida violentamente, sin que se conozcan, en la mayoría de los casos, a los responsables ni las causas que motivaron esos crímenes.

Entre el 2021 y lo que va del 2023, alrededor de 40 defensores de los derechos humanos han muerto bajo esa circunstancia, la mayoría de ellos dedicados a la defensa de los pueblos aborígenes, la tierra, los territorios, las personas LGTBI, así como defensores del ambiente.

De esta radiografía de la inseguridad para los defensores de los derechos humanos en Honduras, 11 perdieron la vida en el 2021, un año después 18 y, en lo que va del 2023, alrededor de una docena.

Durante este mismo periodo, 12 de los 18 departamentos del país fueron escenario de la muerte de defensores de los derechos humanos, de los cuales, el 60 % se registra en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro.

Muchos defensores de los derechos humanos, en Honduras, son también objeto de amenazas a muerte, persecución, intimidación, judicialización, atentados, detenciones, hostigamiento, agresiones físicas, represión, difamación, secuestros e incluso su desaparición.

La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, condenó que Honduras continúa siendo uno de los países del continente más peligrosos para la defensa de los derechos humanos.

Señaló que, la impunidad de los asesinatos y de otros delitos cometidos contra los defensores de derechos humanos alimenta aún más la violencia en contra de ellos.

La criminalización de los defensores tiene un efecto intimidatorio no solo para ellos, sino que, para la misma sociedad, indicó.

Agregó que muchos tienen que dedicar cada vez más tiempo y recursos para defenderse, lo que debilita su capacidad para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad.

Considera urgente y necesario adoptar una política pública integral de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos y asignar el presupuesto necesario para su efectiva implementación.