El déficit habitacional afecta a más de 1.1 millón de familias como parte del reflejo de la pobreza y una clara vulneración a los derechos fundamentales trascendió en reciente foro “Derecho a la vivienda adecuada: hacia una política pública integral e inclusiva” organizado por Facultad de Humanidades y Artes a través de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La academia abrió ese debate con el objetivo de posicionar el derecho humano al hábitat y la vivienda adecuada en la agenda pública en la coyuntura de cambio de gobierno y estructuración de una política pública en esa materia.

La vivienda y hábitat son derechos humanos consagrados en la Constitución de la República de Honduras, no obstante, miles de hondureños viven en asentamientos marginales, careciendo de una casa digna y adecuada. Para expertos, este fenómeno se acentuó luego de la crisis sanitaria del COVID-19 y el azote de los fenómenos climatológicos Eta e Iota. Además, cada vez resulta difícil obtener una vivienda a causa de el alto precio de materiales de construcción.

Estudiosos aducen que las condiciones impuestas por entidades gubernamentales y la banca hondureña en este campo crean serias dificultades para que miles de personas no tengan acceso a una casa de habitación adecuada.

“El Estado, a través de la institucionalidad, es el responsable de garantizar el derecho humano a la vivienda adecuada, ha sido incapaz de impulsar políticas públicas basadas en derechos humanos, con alternativas viables que responda a la problemática de déficit habitacional”, sostienen los organizadores de la iniciativa.
Los últimos programas implementados desde los entes gubernamentales tienen un contexto asistencialista, que no contribuye al desarrollo social, alertaron.

En Honduras, al igual que en otros países de América Latina, los sectores populares se han organizado para demandar al Estado, políticas inclusivas e integrales que den respuesta efectiva a la protección y ejercicio de este derecho humano fundamental para los sectores más empobrecidos.

El cambio democrático hacia un nuevo gobierno, liderado por la primera mujer presidenta en Honduras y las expectativas de cambio de la población hondureña, abren una oportunidad para que, entre los distintos sectores sociales, la academia y las personas tomadoras de decisión debatan y analicen alternativas para promover este derecho humano como legado para esta y las futuras generaciones.