Mañana, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunirá para decidir el futuro de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y discutir la amnistía política. Melvin Duarte, vocero del Poder Judicial, confirmó la convocatoria y afirmó que todos los magistrados participarán, ya sea de forma presencial o virtual.
Algunos magistrados están fuera del país, por lo que se implementará un sistema de comunicación electrónica para asegurar su participación en la sesión. Duarte indicó que este método ha sido utilizado con éxito durante la pandemia, permitiendo a los magistrados votar electrónicamente sin problemas. Además, el vocero aclaró que hay una normativa interna que prohíbe que los magistrados que hayan tratado un caso anteriormente en sala participen en la discusión del pleno cuando el expediente se presenta con mayoría de votos.
Esta normativa tiene como objetivo asegurar la imparcialidad en la toma de decisiones dentro de la CSJ. El futuro de las ZEDE ha suscitado controversia tanto en el ámbito político como en la opinión pública, ya que algunos sectores las consideran inconstitucionales.
Una numerosa movilización de maestros de diferentes regiones del país, que se llaman a sí mismos “la base del magisterio”, se congregó en las cercanías del Congreso Nacional para demandar la aprobación de reformas a la Ley del Instituto Nacional de Prevención al Magisterio (Inprema), rechazando las propuestas del sector oficial. Es relevante señalar que el gremio magisterial está dividido en este asunto de reformas, con un sector a favor y otro en contra. No obstante, ambas facciones argumentan que están defendiendo sus derechos y ambos sectores han llevado a cabo acciones de protesta y presión para que se detengan o se aprueben las reformas al Inprema.
Los defensores de las reformas del sector oficial señalan que se intenta engañar al magisterio con las famosas 60 rentas, las cuales consideran una «emboscada», ya que los demás derechos de los docentes se ven gravemente afectados. La representación de estos cientos de maestros se reunió con el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, en su calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto, y con el titular de la Comisión de Educación, el diputado Edgardo Casaña. «Estamos esperando una respuesta favorable a las demandas de las bases: el 3% unitario, 55 años de jubilación y 30 años de servicio continuo, que son beneficios para nosotros», manifestaron los dirigentes.
Según representantes de los docentes, estas modificaciones son consideradas fundamentales para mejorar las condiciones de jubilación y asegurar una adecuada seguridad social. Sin embargo, dentro del propio magisterio también hay opiniones opuestas, que sostienen que las reformas podrían tener un impacto negativo en las finanzas del instituto y provocar inestabilidad a largo plazo.
El amplio grupo de docentes que protestó en los alrededores del Congreso Nacional también denunció que, en la reciente marcha convocada por la actual dirigencia magisterial y el ministro Daniel Sponda, la mayoría de los participantes no eran docentes, sino empleados del servicio civil sin relación con el magisterio.
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