El martes, las autoridades judiciales de Nicaragua decidieron retirar la nacionalidad a los 135 presos políticos que fueron liberados y enviados a Guatemala el pasado 5 de septiembre. Además, ordenaron la confiscación de sus bienes, según una resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua.
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, controlada por el gobierno sandinista, anunció que la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones dictó una sentencia que despoja a estas 135 personas de su nacionalidad nicaragüense. La resolución sostiene que estos individuos fueron condenados por delitos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación de Nicaragua, además de incitar a la violencia, el odio, el terrorismo y la desestabilización económica, perturbando la paz y el orden constitucional del país.
La decisión se fundamenta en la Constitución Política, el Código Penal, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, y la Ley Especial sobre la pérdida de la nacionalidad nicaragüense. El Poder Judicial también ha dispuesto el decomiso de todos los bienes de los condenados, como compensación por los daños materiales e inmateriales que causaron a la sociedad y al país, con el objetivo de hacer justicia para las víctimas de sus actos delictivos.
