El Ministerio Público (MP) ha acusado a los exmagistrados de la Sala de lo Civil, Reynaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado, por prevaricato administrativo.
Los tres exmagistrados habrían emitido una resolución indebida que benefició a dos instituciones bancarias, resultando en la eliminación de obligaciones de pago por 159 millones de dólares.
El prevaricato se define como el delito cometido por una autoridad, juez u otro servidor público que dicta una resolución arbitraria y consciente de su injusticia y ilegalidad en un asunto administrativo o judicial.
De la misma manera, se presentó antejuicio contra dos juezas de la ciudad de La Ceiba Alicia Cristina Urrutia y Cristina Trejo, quienes están acusadas de prevaricato administrativo.
Ambas juezas estarían involucradas en el caso de un exfiscal que se encuentra prófugo de nombre Luis Fernando Triminio a quien habrían beneficiado ambas juezas.
