Panamá, 9 ene .- El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, muy crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, enfrentará mañana la audiencia inicial por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, que le imputa la Fiscalía del país centroamericano.
La audiencia inicial está prevista el martes a cargo de la jueza del décimo distrito penal de audiencia de Managua, Gloria María Saavedra Corrales, quien deberá decidir si manda el caso a juicio oral y público, y si mantiene o no en prisión preventiva, de acuerdo con la información.
El pasado 13 de diciembre, la judicial admitió la acusación presentada por el fiscal especial del caso, Manuel Rugama, contra el obispo Álvarez, le nombró un defensor de oficio, le decretó arresto domiciliario y programó audiencia inicial para el 10 de enero, según informó entonces la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Complejo Judicial Central Managua.
Una hermana del obispo, Vilma Esperanza Álvarez Lagos, solicitó a la jueza el nombramiento de una defensa técnica, según el informe en línea del caso.
En la misma causa se encuentra acusado el sacerdote exiliado Uriel Antonio Vallejos, “quien es prófugo de la justicia” y la autoridad judicial giró oficio a la Interpol para su captura, según el parte judicial.
Por su lado, católicos del departamento (provincia) de Matagalga han invitado a través de sus redes sociales a una jornada de oración permanente por el juicio contra el jerarca católico.
PRIMER OBISPO ARRESTADO Y ACUSADO EN NICARAGUA
Álvarez Lagos, de 56 años, es el primer obispo arrestado y acusado desde que el sandinista Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.
El jerarca, obispo de la diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, fue sustraído la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales del palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.
La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, acusa al alto jerarca de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
En octubre pasado, Ortega arremetió contra la Iglesia católica que dirige el papa Francisco, la acusó de no practicar la democracia, de ser una “dictadura” y una “tiranía perfecta” y de haber utilizado “a sus obispos en Nicaragua para dar un golpe de Estado” a su Gobierno en el marco de las manifestaciones que estallaron en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social.
AÑO CONVULSO PARA LA IGLESIA CATÓLICA
En 2022, el Gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.
También ha llevado a prisión a siete sacerdotes y dos colaboradores de la diócesis de Matagalpa, cerrado nueve estaciones de radio católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos, e impedido procesiones y romerías.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años y medio.
La comunidad católica representa un 58,5 % de los 6,6 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional.
