Son 85 destacados economistas los que elogian la decisión de Honduras de abandonar el tribunal internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que prioriza el beneficio empresarial sobre el desarrollo sostenible.
En una carta abierta coordinada por la Internacional Progresista y publicada hoy (martes), 85 destacados economistas “elogian” la decisión del gobierno hondureño de abandonar el CIADI del Banco Mundial. Los economistas sostienen que «los tribunales internacionales de arbitraje como el CIADI han permitido a las empresas demandar a los Estados y restringir su libertad para regular en favor de los consumidores, los trabajadores y el medio ambiente».
Entre los firmantes reunidos por la Internacional Progresista se incluyen figuras significativas de la profesión económica como la galardonada economista india especializada en desarrollo Jayati Ghosh, el estadounidense Jeffrey Sachs, calificado por el New York Times como «probablemente el economista más importante del mundo», el chileno Gabriel Palma, padre del Índice Palma para medir la desigualdad, el economista y ex Ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis, la premiada economista británica Ann Pettifor, conocida por predecir la crisis financiera de 2008, y el economista surcoreano Ha-Joon Chang, que regularmente figura en las listas de los principales pensadores mundiales.
El CIADI y los tribunales internacionales de arbitraje similares son lugares donde las empresas obligan a los Estados a desembolsar dinero como compensación por políticas públicas que mejoran el bienestar de los consumidores, los trabajadores o el medio ambiente. Como señalan los economistas en su carta, «Desde 1996, sólo los gobiernos de América Latina se han visto obligados a indemnizar a las corporaciones extranjeras con más de 30.000 millones de dólares, impidiendo que los reguladores aumenten los salarios mínimos, protejan los ecosistemas vulnerables e introduzcan protecciones climáticas, entre otras prioridades de política nacional.»
Los economistas sostienen que «Honduras presenta un caso contundente de abuso empresarial a través del sistema ISDS. Desde la elección en 2021 de la primera mujer presidenta del país, Xiomara Castro, las empresas han interpuesto un total de 10 demandas ante el CIADI en su contra. El mayor de ellos, interpuesto por la empresa estadounidense Próspera Inc, reclama más de 10.000 millones de dólares -dos tercios del presupuesto anual del país- como indemnización por la decisión del país de derogar la desastrosa ley de las «ZEDEs», que confiscó territorio hondureño a empresas extranjeras como Próspera para fundar ciudades privadas que operan sin tener en cuenta la normativa laboral, ambiental o sanitaria.»
